Demandarán ante la PGR a ex funcionarios
La Voz del Puerto
Causa penal federal contra ex funcionarios se sumará a querella del fuero común por asunto de luminarias
Además de confirmar la inhabilitación por diez años del ex alcalde César Adrián Lizárraga Hernández y del ex titular de Infraestructura Urbana, José Jesús Morales Uruchurtu y sanción de poco más de tres millones de pesos para cada uno, el Contralor Héctor Hernández García adelantó que el asunto será materia penal, en los próximos días.
Como se informó con antelación, el 25 de noviembre del 2010, Lizárraga Hernández signó contrato con Petróleos Mexicanos, para la recepción --en donativo-- de algo más de 400 toneladas de asfalto; trimestralmente el Ayuntamiento informaría avances sobre la aplicación de ese material, en tareas de mejoramiento de vialidades citadinas.
El 18 de octubre del 2012, mediante oficio dirigido a Mónica Marín Martínez --recién dejaba interinato en la alcaldía-- y signado por el licenciado Miguel Treviño Cedillo, PEMEX, insistió conocer estado que guardaba aquel donativo.
Entonces, el Organo de Control y Evaluación Gubernamental se aplicó a la investigación.
Inicialmente Contraloría comprobó la aplicación de 150 toneladas de aquel producto en carpeta asfáltica, para distintas vialidades guaymenses; luego, en inspección a OPSON, Construcciones y Servicios, S.A. De C.V., no encontró en sus almacenes las 250.1 toneladas que esa empresa trasladó de Salamanca a Hermosillo, por instrucción verbal de César Lizárraga.
Representante de OPSON solicitaba entonces poco más de dos millones de pesos que, supuestamente, el Municipio le adeudaba por concepto de diversos trabajos realizados; hasta el pago de aquella cifra, repondría el material faltante.
Por su parte PEMEX, además de cancelar todo tipo de apoyo social al Municipio de Guaymas, requiere ahora un millón 538 mil pesos con 19 centavos, que es el costo en el mercado del producto que “se esfumó”.
De todo, lo anterior, Contraloría dará “vista” a la representación en Sonora de la Procuraduría General de la República (PGR), para la apertura de causa penal federal contra quien resulte responsable.
En tanto, al alimón con Sindicatura Municipal --representante legal del Ayuntamiento--, el Organo de Control (...) dará seguimiento a la demanda y/o querella penal que contra Lizárraga Hernández, Morales Uruchurtu y otros nueve ex funcionarios municipales está en proceso ante la Agencia Primera del Ministerio Público del Fuero Común, por el asunto de las luminarias, que le costó al erario público guaymense daño patrimonial estimado en 45 millones de pesos